La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde el 17 de julio de 2025, marca un antes y un después en la gestión del riesgo legal, reputacional y operativo en México. Ya no basta con cumplir en papel: el nuevo paradigma exige trazabilidad societaria, control interno basado en datos y liderazgo ético documentado. Esta transformación normativa no solo redefine al Beneficiario Controlador y amplía el catálogo de actividades vulnerables, sino que convierte la transparencia en una ventaja competitiva tangible. Las empresas que comprendan este viraje y lo integren estratégicamente no solo evitarán sanciones: consolidarán su posición como referentes de gobernanza, confianza e innovación.
